Limitando la CEOcracia, trabajando sobre el sentido común

El politólogo, filósofo, e investigador Pablo Martín Méndez analiza la propuesta de modificación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, presentada por Guillermo Carmona junto a once legisladores del bloque FPV - PJ.

*Por Pablo Martín Méndez.

Por estos días, algunos sectores de la oposición están impulsando la modificación de la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública, N° 25.188, que regula los conflictos y la incompatibilidades de intereses en el acceso a los altos cargos de funcionario público. Consideramos necesario que la propuesta se conozca y ponga en debate, sobre todo porque desafía ciertos presupuestos básicos de nuestro sentido común.

Podríamos comenzar por los datos más duros, sabiendo que, como ha señalado un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional de San Martín, una parte considerable de los cargos jerárquicos de gobierno está ocupada actualmente por ex gerentes de empresas. Así por ejemplo, el 70% de los altos cargos pertenecientes a la Jefatura de Gabinete es ocupado hoy por ejecutivos procedentes del sector privado, con escasos antecedentes en la función pública. A la Jefatura de Gabinete le siguen los ministerios de Energía y Comunicaciones, que cuentan cada uno con el 50% de sus cargos a manos de funcionarios formados en el mismo sector. El actual Ministro de Energía Juan José Aranguren, quien ocupó la presidencia de Shell entre 2003 y 2015, es el caso más paradigmático y también más conocido. Aunque por supuesto no el único, porque ocurre algo similar en los Misterios de Hacienda, Interior y Obras públicas. Según señala el estudio citado, allí el 40% de los cargos se encuentra hoy en día ocupado por los llamados “CEOs” (sigla de Chief Executive Officer).

El proyecto de reforma de la Ley 25.188, impulsado por el Diputado Guillermo Carmona, busca restablecer las condiciones previas a las modificaciones implantadas en los años 90’, bajo el patrocinio del ex Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Lo que se pretende ahora es que cualquier funcionario con rango de Jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 5, Inc. f), que se haya desempeñado con posterioridad en la dirección privada o tenga acciones en empresas vinculadas a sus nuevas funciones, deba esperar al menos tres años para tomar posesión efectiva de su cargo (Art. 13 Bis). Lo mismo ocurre en el caso inverso: si el funcionario en cuestión toma un cargo directivo en el sector privado, también debe esperar por lo menos tres años. En el caso de funcionarios de menor rango, el plazo previsto es de dos años, alcanzando igualmente a cónyuges, convivientes y familiares con segundo grado de consanguineidad.

Evidentemente, la propuesta no dejará de generar una intensa polémica, en especial para un sentido “común” que en verdad no tiene nada de tal, pues viene germinando desde los años 90’ e incluso antes. ¿Qué nos dice o qué nos hace ver este sentido común? Y bien, que la llamada “eficiencia” está siempre en el lado de los empresarios, mientras que la ineficiencia queda para el Estado; o también, que sólo los empresarios y nadie más que ellos podrían tornar eficiente al Estado, dando por sentado que este último es ineficiente.

La asociación entre el Estado y las nociones de ineficiencia, inoperancia, incompetencia, etcétera, no puede aceptarse sin más y sin anteponer discusión. Al menos no sin aclarar previamente que, durante años y años, el lenguaje neoliberal nos ha hablado sobre el “Estado elefante”, el “Estado bobo” y cosas similares, como si el Estado fuese una cosa pesada y con lenta capacidad de respuesta. De una manera u otra, eso ha calado bien hondo en nuestro sentido común. 

Así pues, para muchos es deseable que la carrera de funcionario empiece primero en el mercado y continué luego en el Estado. La competencia de mercado, se nos recordará hasta el cansancio, vendría a ser el lugar donde se muestra la “verdad” de las cosas, vale decir, la eficiencia. Es allí donde los futuros funcionarios deberán ponerse a prueba, desarrollando sus habilidades, su capacidad de resolver problemas, su idoneidad.  

No sólo se trata de permitir e incluso incentivar la introducción de la lógica empresarial en el Estado; además de eso, se supone que la gestión empresarial es de por sí mejor y más legítima que la política. De hecho, se llega hasta el punto mismo de aceptar una lógica unívoca, una manera común de hacer las cosas, que circule entre el Estado y el mercado.

Así como la competencia de mercado incentiva a los empresarios a resolver problemas, innovar, encontrar nuevas respuestas, así también debería ser para el Estado. Nada mejor que un funcionario formado bajo el supuesto rigor de la competencia, un empresario-funcionario, un ceócrata.

En cierta forma, la palabra tecnócrata, tan utilizada durante los años 90’, hoy nos suena vieja y gastada. Porque más modernos serían los funcionarios de ahora, que traen la alegría del trabajo en equipo, que creen ser capaces de resolver todo con métodos de coaching y de autoincentivación.      

No sólo hay que preguntar por qué la eficiencia, como criterio procedente del mercado, debería instalarse en el ámbito público. Si de verdad queremos entender qué estado de cosas viene a tocar la reforma de la Ley de Ética pública, tenemos que llevar las preguntas todavía más lejos. Hay que preguntar por el criterio mismo de “eficiencia”.

¿Cuál es la eficiencia que hoy en día se promueve para el Estado? La palabra eficiencia no deja de asociarse con la gestión de la escasez. Ya no hay un “para todos”; se acabó definitivamente la idea de una política universal. Ahora los recursos son tan pocos que se debe decidir “por dónde aprieta el zapato”. Ahora hay que elegir entre la cobertura de nuestros derechos o “la cantidad de jardines infantiles que podrían haberse construido”. 

Cuando se nos habla en un lenguaje como éste, se nos quiere dar a entender la necesidad de distribuir mejor, más eficientemente, los gastos del Estado. Por supuesto, no distribuir entre ricos y pobres, sino entre pobres y pobres. Porque precisamente a eso apunta la eficiencia: a gestionar la miseria de cada día. O planes sociales, o jardines; o Aerolíneas Argentinas, o jardines; o Fútbol para Todos, o jardines.   

Cuando se nos habla de un Estado eficiente, se nos está diciendo también que la única fuente para financiar las políticas sociales serán en gran parte los mismos sectores destinatarios de esas políticas. Mientras tanto, los empresarios siguen fugando capitales y los CEOs siguen acrecentando la deuda externa. 

A diferencia de lo que algunos creen, la reforma sobre la Ley de Ética Pública no viene  simplemente a limitar el acceso de tal o cual persona al Estado. Si hablamos de Ética, estamos refiriéndonos más bien a las posibles formas de dirigir la nuestra conducta. ¿Puede un funcionario pasar del ámbito empresarial al ámbito público sin modificar su conducta y sus criterios de actuación? ¿Podemos nosotros, como ciudadanos, permitir que nos gobierne el criterio empresarial y eficientista proveniente del mercado?

La cuestión consiste entonces en discutir con qué criterios y en beneficio de qué estado de cosas nos van a gobernar. Y eso es lo que, en el fondo, está poniendo en discusión la reforma de la Ley de Ética Pública. Por eso también, llamamos a los miembros del sector académico, docentes e investigadores, a apoyar la propuesta y a visibilizar la discusión en todos nuestros espacios de acción y de trabajo.  

* Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús. Licenciado y Profesor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Investigador en el Centro de Investigaciones en Teorías y Prácticas Científicas de la Universidad Nacional de Lanús. Docente en la Maestría en Metodología de la Investigación Científica, en la Carrera de Ciencia Política y Gobierno, y en el área “Ética” de la misma Universidad.