Frente a ese escenario mundial está la Argentina. Con la gran oportunidad de poner en valor los recursos no convencionales y lograr en el  futuro su propio autoabastecimiento energético. Para hacerlo se necesita un gran esfuerzo. Requerirá de una política unificada que aliente el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos, promueva la inversión, la producción, el crecimiento y el empleo.

A partir de 2011 informes de Estados Unidos colocan a la argentinaentre los países con mayores recursos no convencionales de hidrocarburos. En mayo de 2014, la EIA (Energy International Agency) de Estados Unidos ratifica sus previsiones respecto de los volúmenes tanto de shale gas como de shaleoil, posicionando a nuestro país en segundo lugar en el mundo luego de China en cuanto a reservas de gas y con respecto al petróleo, en cuarto lugar después de Rusia, Estados Unidos y China. Es decir que Argentina es un país con un inmenso potencial hidrocarburífero en la medida en que pueda desarrollarlo de manera conveniente y obteniendo el mayor provecho de esta riqueza para su población.

El desafío en lograr la explotación de los recursos shale conlleva el empleo de inmensa cantidad de inversiones, de tecnología de punta, de insumos y equipamientos específicos, construcción de caminos, de mejoras en el transporte, de servicios de salud.

También resulta oportuno y estratégico establecer allí un mecanismo de aliento y promoción de la industria nacional de equipamiento y servicios a la actividad hidrocarburífera, que permita la progresiva disminución de importaciones. De algún modo el autoabastecimiento industrial es tan importante como el autoabastecimiento energético.

Desde 2003 a la fecha, el país ha avanzado en reconstruir la industria nacional devastada por la aplicación de políticas neoliberales. Una decisión fundamental hacia la consecución de este objetivo fue la sanción de la ley 26.741 de autoabastecimiento energético y nacionalización de YPF, cuya sanción se produjo como consecuencia de la caída sistemática de las reservas del país y la ausencia de inversiones en exploración que llevó a la pérdida del autoabastecimiento en 2011. Nuestro país comenzó a importar gas natural a partir de 2005 pero existieron saldos positivos en la balanza energética hasta 2010. Al conocerse el informe de la EIA en 2011 de la potencialidad de Argentina en recursos no convencionales, Repsol-YPF se tornó más atractiva para el capital internacional, de la cual estaba dispuesta a sacar provecho la empresa española en detrimento del interés argentino.

Resulta importante tener en cuenta que desde la estatización del 51 por ciento de las acciones de YPF se lograron los siguientes resultados: la inversión creció 130 por ciento entre 2011 y 2013; la producción de gas y petróleo, que había caído 9 por ciento en 2011, creció 2 por ciento en 2014; la pérdida de reservas se revirtió y se pasó de un escenario de largas colas en las estaciones de servicio a un mayor abastecimiento en el que los quiebres de stock se redujeron en un 70 por ciento. A esto se suma que en estos dos años se repatriaron 40 profesionales argentinos de nivel internacional, que ahora ocupan altos cargos en YPF. Los avances en lo que va del año 2014 también son notables: la producción operada de petróleo creció 8,4 por ciento y 10,3 por ciento lo hizo la de gas respecto del año 2013. Hoy la empresa dispone de un 180 por ciento más de equipos respecto de los que tenía en el año 2011.

Argentina es la segunda reserva mundial de recursos de gas no convencional y la cuarta reserva de shaleoil, los cuales podrían representar el autoabastecimiento para los próximos 200 años. YPF posee el 35 por ciento de los mismos. Es fundamental para el país que YPF, conducida por el Estado Nacional y las provincias, sea quien esté administrando este proceso.

El sector de hidrocarburos requerirá incrementar las inversiones para lograr autoabastecimiento, que debe darse a costos competitivos en el marco de una economía en crecimiento con desarrollo industrial e infraestructura energética que abastezca a todas las provincias y a todos los argentinos. En contraste con lo que ocurría en los años ’90 cuando tenía lugar un autoabastecimiento ficticio en medio de una recesión económica con 25 por ciento de desocupados y 54 por ciento de pobres.
La Ley de recuperación de YPF también incluyó un aspecto que vale la pena destacar: del 51 por ciento de las acciones que se le expropiaron al Grupo Repsol, el 51 por ciento pasaron al Estado Nacional mientras que la propiedad del 49 por ciento restante se otorgó a las provincias productoras de hidrocarburos. Es decir, hoy el Estado Nacional tiene el 26 por ciento de YPF y las provincias tienen el 25 por ciento, incorporándose decididamente en la gestión de la empresa.

Al tratarse de un país federal, es comprensiblela disposición que tienen las provincias respecto de la utilización de estos recursos, pero al ser el abastecimiento energético una cuestión de interés nacional, la Nación debe garantizarlos y, por lo tanto, debe tener los instrumentos para lograrlo. Uno de los instrumentos es YPF, el otro, una ley de hidrocarburos que le permita establecer una política nacional en la materia. Así ocurre en otros países de la región que también tienen un sistema federal.

En Brasil, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos pertenecen a la Nación. Lo mismo ocurre en México, donde el petróleo pertenece al Estado Federal. En EE.UU. el gobierno federal ha establecido políticas y normativas para garantizar el abastecimiento. Hasta tal punto se considera la cuestión petrolera como estratégica y de seguridad nacional, que el Departamento de Energía fue creado recién en 1974, después de la primera crisis petrolera global. La política petrolera estuvo y sigue estando en manos de la Secretaría de Seguridad.

Diversos acontecimientos de los últimos tiempos han puesto en la agenda la relación entre algunas provincias petroleras y el Estado nacional. El último de estos episodios se relaciona con la supuesta rivalidad entre YPF y esas provincias por el protagonismo en la contratación de inversiones para el desarrollo de los yacimientos convencionales y no convencionales.

La primera conclusión de esos hechos es la necesidad de una ley petrolera nacional lo suficientemente clara como para evitar esa puja y otorgar a cada uno el papel que le corresponde según la Constitución Nacional.

No se trata de poner en competencia a YPF con el resto de las empresas petroleras, ni con las provinciales, sino de emplear a la mayor empresa nacional en beneficio de toda la economía del país, incluidos los intereses de todas las provincias, sean productoras o no. Es una falsa contradicción suponer que se trata de una puja entre la Nación y las provincias, ya que YPF es propiedad tanto de la Nación como de las provincias.

Desde la recuperación de YPF para el Estado nacional, la petrolera asumió el control y dirección estratégica de los planes de inversión y de asociación con el capital extranjero. El gobierno nacional plantea la prioridad del objetivo del autoabastecimiento y, en ese sentido, considera que el manejo de YPF en la materia es imprescindible.

La iniciativa del gobierno nacional apunta a mejorar los incentivos para atraer inversiones para la explotación y desarrollo, en especial de hidrocarburos no convencionales.

La ley que hoy estamos votando es el resultado de tres meses de negociaciones.La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. Finalmente se acordó eliminar la modalidad de “acarreo” que les permite a las empresas provinciales asociarse a las petroleras sin garantizar inversiones, pero seguirá vigente para los proyectos en marcha. En las nuevas áreas que se liciten se acordó utilizar un contrato modelo que deberá ser elaborado por la Secretaría de Energía y las autoridades de aplicación provinciales en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley. Las provincias se verán igualmente beneficiadas con nuevos ingresos en función de la renta que generen esos proyectos.

Las autoridades provinciales y la Secretaría de Energía tendrán la responsabilidad de consensuar un pliego modelo que podrá ser revisado periódicamente. “Dicho pliego modelo contemplará los términos y condiciones generales aplicables a los concursos, incluyendo, entre otras, las garantías a las que deberán ajustarse las ofertas, el alcance de las inversiones y los ingresos que eventualmente pudieran corresponder a las respectivas autoridades concedentes”, dice el texto en el art. 29. Las nuevas concesiones de áreas se realizarán por un período de 25 años, con la posibilidad de extenderlo por diez años más, aunque una vez agotados dichos plazos los titulares de esas concesiones podrán solicitar nuevas prórrogas, las cuales serán decididas por la autoridad provincial.

Otros beneficios que recibirán los estados federales son, por ejemplo, el que se fija en el artículo 21° donde se establece que en el marco de los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos, que sean aprobados por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, las empresas deberán abonarles a las provincias un 2,5 por ciento del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a Responsabilidad Social Empresaria. Además, el Estado Nacional aportará un monto, a ser determinado por la Comisión, en función de la magnitud y alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras.

En lo que respecta a las regalías, el artículo 16° del nuevo proyecto establece que el concesionario de la explotación pagará mensualmente un 12 por ciento de regalías sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo. Asimismo, con cada prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta 3 por ciento con un techo del 18 por ciento. A su vez, en el Anexo I, las provincias y el Estado nacional se comprometen a que la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos fijada para la extracción de hidrocarburos no podrá superar el 3 por ciento. Allí también dice que las provincias y las municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos.

Otro dato clave del proyecto es que el artículo 19° incorpora al régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, a los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no menor a los 250 millones de dólares, a ser invertidos durante los primeros tres años del proyecto.

El proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación. En este sentido, se habilitarán concesiones de 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Por otro lado, la nueva normativa establece plazos más cortos para los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos. Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Además se establecen los porcentajes de hidrocarburos respecto de los cuales se aplicarán beneficios impositivos. Será del 20 por ciento en el caso de la explotación convencional y no convencional, y del 60 por ciento en el caso de la explotación costa afuera.

Con 38 votos a favor y 28 en contra, el Senadoya dio media sanción a la reforma a esta  Ley  impulsada por el Poder Ejecutivo y las provincias petroleras.
Tal como ya lo señalara, los datos de YPF indican que la explotación de hidrocarburos generó un aumento en la balanza comercial de 3695 millones de dólares desde 2012, y en lo que va de 2014 disminuyó la cantidad de gas natural y licuado importado, así como también de naftas, gasoil y fueloil.Los informes apuntan que la sustitución de importaciones de gas natural licuado varió de 732 millones de dólares en 2013, a 1134 millones para este año. Por su parte, la sustitución de naftas, gasoil y fueloil, registró un ahorro de 913 millones de dólares y de 916 millones de dólares en 2014.

La caída de la producción de hidrocarburos ha sido unos de los problemas más importantes de la economía argentina. La pérdida del autoabastecimiento en medio de un proceso de crecimiento prolongado supuso un significativo aumento de las importaciones de combustibles a partir de 2011. Luego, esta restricción externa acelerada por la importación de combustibles es la que le pone techo a la expansión del PBI. Por supuesto que si bien este no es el único obstáculo en el proceso de crecimiento que experimenta la Argentina, es alentador pensar los enormes beneficios que significaría no tener que importar entre 12 y 14 mil millones de dólares anuales de combustibles.

La importancia del autoabastecimiento energético es, entonces, objetivo estratégico de la Nación en su conjunto. Su relevancia para el futuro de la economía no necesita mayor demostración. En este sentido es importante distinguir entre quienes no logran separar lo malo para el país de lo negativo para el Gobierno.

SÍNTESIS DE ASPECTOS QUE MODIFICA LA LEY PROPUESTA
Entre las cuestiones centrales acordadas se destaca: a) regula adecuadamente el desarrollo del recurso no convencional. La concesión llega a los 35 años, renovables por períodos de 10. En este sentido, este apartado constituye un gran triunfo para las expectativas futuras de YPF. También avanza en fijar períodos para los hidrocarburos convencionales y la producción costa afuera (off shore), en 25 y 30 años respectivamente; b) tipifica los mecanismos genuinos de captura de renta por parte de las provincias. El esquema actualmente vigente crea lagunas legales que son aprovechadas por las provincias para percibir recursos por fuera de lo permitido. El proyecto de ley considera claramente tres: regalías (que pueden trepar desde un 12 y hasta un 18 por ciento), canon de ingreso y canon de prórroga. Además, se considera un aporte por parte de las compañías en la inversión inicial para ser destinada a Responsabilidad Social Empresaria (hasta un 2,5 por ciento); c) se elimina la modalidad de carry (acarreo) que permitía a las provincias participar de los proyectos productivos con compañías petroleras en sociedad con sus empresas estatales, pero sin aportar inversión inicial por carencia de capital (por caso GyP, Gas y Petróleo de Neuquén). Sin embargo, se respetan los proyectos que están actualmente vigentes operando con esa modalidad, y d) establece medidas de promoción de inversiones. A tono con el marco legal aprobado para promover el acuerdo de YPF con Chevron (Ley 929/13) se insiste en esa vía, bajando la magnitud de la inversión requerida (en el proyecto se considera ahora 250 millones de dólares) para disponer del 20 por ciento de libre disponibilidad.

Diputado Guillermo Carmona
FPV - PJ