Por Guillermo Carmona

Diputado Nacional por Mendoza

Bloque FPV - PJ

Las medidas del gobierno nacional vinculadas a la emergencia en seguridad no dejan de preocupar y ponernos en actitud de alerta. El sesgo autoritario crece día a día en la gestión Macri y se toman decisiones de enorme impacto (negativo en la mayoría de los casos, lamentablemente) para el futuro del país.

 

Hace unos días supimos de la decisión de avanzar en la declaración de emergencia en seguridad. He sido crítico siempre de estas medidas. Lo fui cuando se adoptaron en las gestiones radicales en Mendoza durante la gestión del actual gobernador por "Cambiemos" Alfredo Cornejo, como Ministro de Seguridad de la Provincia, lo fui cuando lo implementó Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, lo fui cuando lo propusieron nuevamente para Mendoza Francisco Pérez y Carlos Ciurca durante la última gestión de gobierno recientemente finalizada. Lo soy ahora por iguales argumentos: 

 

- la emergencia es cosmética, se trata de medidas que buscan impacto en la opinión pública y que por lo general no muestran resultados positivos, sino por el contrario, un incremento de la inseguridad que viven los ciudadanos; 

- son planes con claros sesgos autoritarios, que plantean una "mano dura" que termina criminalizando la protesta social y atribuyendo los problemas de inseguridad a los pobres, a los jóvenes y a los "cabecitas negras" y "grasas"; 

- en muchos casos estas emergencias son fuente de corrupción por el manejo discrecional, sin control y secreto de recursos públicos, y por un empoderamiento y autonomía que se otorga a las fuerzas de seguridad no compatibles con sociedades democráticas; 

- la militarización de la función policial y la confusión de las funciones de seguridad y de defensa tienen consecuencias desastrosas como las que se han visto en México en un "combate" al narcotráfico que no se detiene y que permea en todas las capas de la sociedad, incluso las políticas y militares; 

 

En este caso la emergencia viene acompañada de una medida de graves consecuencias y de absoluta inutilidad: el "derribo de aviones" en el marco de denominadas "Reglas de Protección Aeroespacial". Las experiencias en otros países latinoamericanos no ha sido buenas. Nuestro querido Agustín Rossi advirtió como ministro de Defensa que esta medida significa "una pena de muerte sin juicio previo" y que puede provocar víctimas inocentes.

 

Hay que tener en cuenta el contexto de las medidas adoptadas por el gobierno macrista: 

 

- los repetidos papelones protagonizados por los funcionarios de Seguridad del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires "exigen" medidas espectaculares que intenten borrar de la opinión pública el negativo concepto que se ha ido generalizando sobre las ineptitudes e incapacidades de los nóveles funcionarios; 

- el creciente acercamiento entre el presidente con Sergio Massa exige gestos y medidas que aceleren la concreción de los acuerdos de funcionalidad recíproca de ambos, de allí la adopción de propuestas que durante la campaña protagonizó el derrotado Sergio Massa; 

- la imperiosa necesidad del gobierno de Macri de tener gestos hacia los Estados Unidos y su política de "guerra contra las drogas", una clara estrategia de penetración político-militar de parte del país del norte en los países de la región y de consecuente subordinación de un gobierno que ya no deja dudas respecto de su alineamiento con la principal potencia regional y mundial; 

 

En esta línea de análisis creo que resulta muy importante valorar los aportes académicos de Juan Gabriel Tokatlian, investigador y docente de la Universidad Torcuato Di Tella quien viene sosteniendo una clara posición crítica a lo que durante la campaña y ahora mismo se viene sosteniendo: "Es indudable que el problema de las drogas en la Argentina creció. Es evidente que la opinión pública identifica al narcotráfico como una fuente de inseguridad. Es usual que en época de campaña algunos candidatos recurran a la promesa de “mano dura” para lograr adhesiones que de otro modo no obtendrían. Sin embargo, es irresponsable que un líder político proponga una serie de políticas públicas que han sido, en la región y más allá de Latinoamérica, improductivas en sus objetivos y desastrosas por sus consecuencias" y continúa diciendo que "el papel de los militares para resolver la cuestión de las drogas ha sido un fracaso y ha resultado peligroso. La militarización de la lucha antinarcóticos ha sido fallida en cuanto a revertir el fenómeno. Pero, a su vez, se han generado graves dificultades institucionales.

 

Tal como lo planteó Tokatlian en el encuentro "Crimen Organizado, Sociedad Global e Impacto en la Comunidad Nacional" realizado en la Universidad Nacional de Cuyo en setiembre último, "más temprano que tarde sucede que: a) aumentan las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; b) se desequilibra la relación cívico-militar en desmedro de los civiles; c) se eleva la corrupción entre soldados y generales; d) se generan grupos paraestatales que se asocian a miembros de las fuerzas armadas en una degradada lucha contra el narcotráfico; e) se incrementa la desmoralización de los militares; f) se debilita la defensa del país; y g) se vulnera la capacidad de inteligencia del Estado. En breve, la propuesta de Massa es ilegal, inadecuada, inútil e inquietante". Ahora, podemos afirmar, también lo es la medida del presidente Macri. 

 

Nosotros sostenemos una política de seguridad democrática. Nuestro desafío será expresarla cada vez con mayor fuerza y convicción en el Congreso de la Nación. En eso trabajamos y en eso trabajaremos.